Por: Mauricio Fernández.
En diciembre de 2025 México aprobó una reforma trascendental a su política de comercio exterior mediante la modificación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, ¿Su propósito?, establecer incrementos arancelarios con los cuales México no mantiene TLC (Tratados de Libre Comercio), abarcando mas de 1,400 líneas arancelarias, impactando fundamentalmente a sectores como automóviles y autopartes, textiles, electrónicos, plásticos y bienes industriales; incrementando entre el 5% y 50%.
De acuerdo con la política comercial del país, el objetivo es proteger a a industria nacional, equilibrar el mercado y fortalecer el sector productivo del país, sin embargo, ha causado especulación sobre los impactos que pueden afectar los precios al consumidor; puesto que es una reacción en cadena, al incrementarse el costo de importación, las empresas se ven forzadas a reestructuras los precios de los mismos. Analistas advierten que los precios internos pueden elevarse entre un 30% y un 80%, debido al ajuste del IGI como a los ajustes logísticos asociados.
Estas medidas llevan un desafío importante, la reestructuración de las cadenas de suministro y el replanteamiento de los márgenes comerciales. Una posible consecuencia es que las MyPIMES podrían verse comprometidas por la operatividad, ya que pueden que su capacidad financiera se vea afectada, dando como resultado una dificultad para absorber el efecto del aumento arancelario
En el ámbito macroeconómico, la reforma tiene una doble cara. Por un lado, incrementará los ingresos fiscales derivados del comercio exterior, fortaleciendo la recaudación del Estado; por otro, podría reducir el volumen de importaciones provenientes de países sin acuerdos preferenciales, modificando el balance comercial del país. La medida pretende incentivar la sustitución de importaciones mediante el fortalecimiento productivo interno, promoviendo el desarrollo de cadenas nacionales de suministro, la creación de empleos y la atracción de inversiones orientadas al nearshoring en territorio mexicano.
No obstante, estos objetivos solo podrán alcanzarse si los aranceles van acompañados de políticas industriales complementarias, como incentivos fiscales, financiamiento a la innovación, infraestructura logística y estrategias tecnológicas que incrementen la productividad nacional. De lo contrario, el aumento arancelario corre el riesgo de convertirse en un impuesto adicional al consumo, sin generar una mejora estructural de la competitividad.
En cuanto al ámbito internacional, la medida puede generar tensiones diplomáticas con países no favorecidos, los cuales podrían manifestar preocupación por prácticas proteccionistas. Ello podría derivar en represalias comerciales, consultas en organismos multilaterales o renegociaciones específicas. Al mismo tiempo, México envía señales estratégicas a Norteamérica, fortaleciendo su posición dentro del marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y alineándose a las tendencias proteccionistas de la región, en un contexto global de reconfiguración comercial y disputa por cadenas globales de valor.
En síntesis, la nueva política arancelaria mexicana representa una herramienta de protección económica que puede reconfigurar el comercio exterior del país. Si bien puede contribuir a fortalecer la industria nacional y reducir la dependencia de importaciones, ello dependerá de su integración con políticas complementarias y de la respuesta empresarial e institucional ante los retos logísticos y productivos emergentes.
Referencias
El Financiero. (2025, septiembre 23). Aranceles a países sin tratado dispararán hasta 80% los precios en México. Reuters. (2025, diciembre 11). Senado de México aprueba incrementos arancelarios para importaciones.
